domingo, 06 de mayo de 2007Luego de tres días de presencia en Carácuaro, Michoacán, los casi mil militares que participaron en la búsqueda del grupo armado que enfrentó y mató a cinco militares el martes pasado se retiraron. (Cuartoscuro)
* La cruzada que emprendió Felipe Calderón desde su primer día de gobierno al mandar al Ejército a una guerra contra el narcotráfico, fue una acción improvisada y apresurada, destinada al fracaso
* Peligrosa estrategia del usurpador: envíando al Ejército a una lucha desmoralizante, bajo una conducción errática y con miras en los ya improbables beneficios políticos
* Las organizaciones del narcotráfico ha intensificado su respuesta violenta contra las fuerzas de seguridad, particularmente contra el Ejército, y eso es muy peligroso porque coloca en una posición de vulnerabilidad a las Fuerzas Armadas ante la crítica ciudadana, sobre el eventual futuro fracaso que pudiera tener
MEXICO, D.F., 5 de mayo (ESPECIAL).- La cruzada que emprendió Felipe Calderón desde su primer día de gobierno al mandar al Ejército a una guerra contra el narcotráfico, fue una acción improvisada y apresurada, destinada al fracaso.
Para convertirse en un líder real, Felipe Calderón convocó a una cruzada antinarcóticos. Y así como George W. Bush dirigió contra Irak el poderío militar estadounidense, aunque se quedó enfangado ahí, sufriendo bajas y disolviendo su capital político, expertos en seguridad califican la estrategia antinarco de Calderón como “ingenua” y “peligrosa”. El problema es que, sostienen, está enviando al Ejército –último bastión de la institucionalidad armada– a una lucha desmoralizante, bajo una conducción errática y con miras en los ya improbables beneficios políticos. El narco, el Irak de Calderón, ya abarca todo el territorio mexicano.
Por otro lado, luego de tres días de presencia en Carácuaro, Michoacán, los casi mil elementos castrenses que participaron en la búsqueda del grupo armado que enfrentó y mató a cinco militares el martes pasado se retiraron. No hubo información oficial sobre el repliegue, aunque este sábado por la tarde se observó el sobrevuelo de al menos dos helicópteros militares.
Esta población quedó sin protección, ya que los policías municipales renunciaron a sus cargos, después de varias horas de arraigo.
El alcalde Ismael Garduño, quien horas antes había abandonado su puesto, regresó al pueblo tras el retiro de militares.
Al menos 50 personas de este poblado denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tortura, abusos y detenciones arbitrarias por parte del personal militar en interrogatorios a los que sometió a algunos de sus habitantes.
Este mismo sábado llegaron a este municipio, localizado a unos kilómetros al sur de la capital el estado, dos visitadores adjuntos de la CNDH, Román Vázquez Díaz y Ricardo Cruzaley, además de la perito médico María de Laura Arreguín Medel.
Periodistas que realizaban la cobertura informativa en este punto también denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos abusos de militares adscritos a la 21 Zona Militar, quienes intentaron impedir su labor.
El gobernador del Estado, Lázaro Cárdenas Batel, respaldó las acciones del Ejército en esta comunidad para localizar a los responsables de la emboscada a un convoy militar. Consideró que las denuncias por violaciones de este tipo “no deben ser una cortina de humo que se utilice para favorecer a grupos delictivos”.
La PGR confirmó que altos mandos de seguridad de este municipio, entre ellos el director de Seguridad Pública, Prodigio Rosales, y el jefe de grupo, Miguel Covarrubias, forman parte de los 25 detenidos por el Ejército que son investigados por su posible participación en la emboscada.
Mientras, en Sinaloa, durante un enfrentamiento entre militares efectivos de una de las Bases de Operación Mixta (BOM) y varios hombres que se transportaban en una camioneta Silverado, este sábado en una colonia popular del norte de Culiacán, murió un pistolero y otro resultó herido, según reportes de la policía municipal.
La balacera se registró poco después de la media noche del sábado en el cruce de boulevar La Pradera del fraccionamiento Las Huertas, cuando una unidad mixta, integrada por elementos del Ejército y policías locales, se encontró de frente con los ocupantes de la camioneta Silverado, blanca y de doble cabina, quienes atacaron con rifles automáticos a las fuerzas del orden.
Al repeler la agresión, militares y policías mataron al conductor, identificado de manera provisional como Jesús García, e hirieron y capturaron a uno de los pistoleros, Andrés Juárez Ibarra, de 32 años. Tras el enfrentamiento, la camioneta fue abandonada por otros dos atacantes luego de impactarse contra un vehículo y un poste.
En su interior se encontraron tres rifles AK 47, un AR 15, así como dos pistolas, un ellas 38 súper, además de un chaleco blindado y siete cargadores abastecidos para rifles automáticos.
Inmediatamente después del ataque fue establecido un fuerte operativo en el sector norte de la ciudad y poblados rurales aledaños para buscar a los otros dos atacantes.
El subprocurador de Justicia del Estado, Arturo Aguilar, indicó que se busca confirmar la identidad del pistolero muerto con base en las declaraciones del hombre que fue detenido. Adelantó que las armas confiscadas son cotejadas por balística para determinar si alguna fue utilizada en otros ataques.
Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional envió un grupo considerable de elementos del Ejército Mexicano a Quintana Roo, para su entrenamiento y para apoyar los diversos operativos de seguridad que realizan en toda la geografía estatal después del ataque armado en contra del Comisionado de Seguridad Pública de Cancún.
La mañana del sábado llegaron unos 300 elementos del Ejército Mexicano al aeropuerto internacional de Chetumal a bordo de tres aviones Hércules con matrículas 3616, 3617 y 3614.
En el aeropuerto se pudo investigar que forman parte de un grupo de fuerzas especiales de la SEDENA.
Parte de este grupo de agentes del Ejército Mexicano se unirán a las Bases de Operaciones Mixtas que desde el pasado 27 de abril refuerzan la seguridad en el sur del Estado y que en los próximos días se extenderán al resto de la Entidad.
Las Bases de Operaciones Mixtas están integradas por agentes de la PGR, AFI, PFP y el Ejército Mexicano, además de la Procuraduría de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Trascendió que otro grupo de elementos permanecerá en el sur del Estado para su entrenamiento.
Así, SEDENA envió un considerable número de soldados a Quintan Roo para su entrenamiento y como apoyo a los diversos operativos de seguridad que se realizan en esa Entidad.
Después del ataque armado contra el Comisionado de Seguridad pública de Cancún, Ricardo Adrián Samos Medina, este sábado arribaron 300 elementos del Ejército al aeropuerto internacional de Chetumal, a bordo de tres aviones Hércules con matrículas 3614, 3616 y 3617.
Trascendió que una parte de esos soldados se unirá a las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), que desde el pasado 27 de abril reforzaron la seguridad en la zona sur del Estado, y que en los próximos días se extenderán a toda la Entidad.
Las Bases de Operaciones Mixtas, a saber, están integradas por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Policía Federal Preventiva (PFP) y el Ejército Mexicano.
A esas BOM también se adhirieron, como parte de un esfuerzo institucional, equipos especiales de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo y de la Secretaría de Seguridad Pública Estado.
Los soldados restantes, extraoficialmente se apostarán en la zona sur del Estado para su entrenamiento, así como para un eventual relevo de militares en las BOM.
Además, en Veracruz, militares llevaron al acabo un cateo en una negociación de mensajería ubicada en el centro de la ciudad de Veracruz.
Así, tres días después de que un comando de exterminio atacó una patrulla del 12 Batallón de Infantería en Michoacán, dejando como resultado cinco militares muertos y cuatro más heridos de gravedad, el Ejército Mexicano desplegó el viernes 4 todo su poderío para tomar por asalto el pequeño pueblo de Carácuaro, en el estado de Michoacán, donde inició cateos y detenciones y se hizo del control de la presidencia municipal, además de suspender de facto las garantías individuales.
Esta acción inédita del Ejército constituye otro síntoma de agotamiento de la estrategia de Felipe Calderón para el combate al narcotráfico en su tierra natal y en el resto de los estados adonde ha llevado su “guerra” contra el crimen organizado.
A la descomposición que enfrenta el Estado mexicano en Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Baja California, Tabasco y Quintana Roo, se añade una vez más Michoacán, donde las debilidades institucionales quedaron al descubierto cuando sicarios de la célula de Los Castañeda –ligados al Cártel de Sinaloa (que integra el organización criminal de La Comitiva- abrieron fuego con armas de alto poder y granadas contra los militares, a sólo 30 metros de la alcaldía de Carácuaro, uno de los 12 municipios de la zona que domina esta organización, también identificada como Los Treinta o Los Tapancos.
En Sinaloa, el Ejército Mexicano desplegó a 500 efectivos del Tercer Batallón de Infantería y Paracaidistas en una operación de combate a la siembra de enervantes en los municipios de Mocorito y Badiraguato, en pleno “triángulo dorado”, pero a pesar de la presencia castrense, en esa entidad hubo al menos 127 ejecutados de enero a la primera semana de mayo.
Desde el arranque de las operaciones antinarco de Calderón, las fuerzas federales han tomado corporaciones policiacas completas, como sucedió con el desarme de la Policía Municipal de Tijuana.
Lo mismo ha sucedido en Guerrero, que ya rebasa las 90 ejecuciones. Siete de ellas corresponden a los funcionarios ministeriales asesinados el 7 de febrero, en medio del despliegue de fuerzas de la Operación Conjunta Guerrero.
El estado de Nuevo León vive convulsionado con la ejecución de 55 personas, algunas de ellas policías de diversas corporaciones municipales. Incluso, las fuerzas federales mantuvieron cautivos y bajo investigación a más de 120 policías de municipios como Santa Catarina, Zuazua, Marín y Pesquería, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Este escenario quedó de manifiesto el 26 de abril en la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. El general reconoció que las acciones violentas del crimen organizado han rebasado el ámbito de la seguridad pública para afectar la seguridad interior, y aceptó que pese al medio siglo que ya dura del fenómeno, “apenas nos estamos dando cuenta de la magnitud que ha cobrado en las últimas administraciones”.
El más reciente suceso en este escenario de “guerra” fue Michoacán, donde las autoridades han identificado al grupo armado que encabeza Flavio Rodríguez Espino como el responsable del ataque en el cual murieron cinco militares, encabezados por el coronel de infantería Antíoco Hernández Morales.
Pese a lo delicado de este suceso, “aún no hemos visto los peores escenarios en el combate al narcotráfico en el país, que ya no respeta a una sola de las instituciones del Estado mexicano”, advierte Alejandro Astorga, investigador en el tema de drogas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Y en ello coincide Erubiel Tirado, maestro en derecho por la London School of Economics y especialista en temas de seguridad nacional, quien asume que debemos esperar un escenario “de pronósticos reservados”, porque son “evidentes los síntomas de agotamiento al cortísimo plazo de la estrategia de Calderón”.
Coordinador del diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado advierte que la estrategia del gobierno federal en la “guerra” contra las drogas “ya asoma los límites en cuanto a la concepción”.
Esta, dice, es “ingenua” al pensar que sólo emplazar al Ejército en operaciones policiacas iba a ser más que suficiente para disminuir las ejecuciones y los delitos asociados con el crimen organizado. “Y peligrosa cuando los grupos criminales, armados y entrenados con las mismas tácticas del Ejército, le pierden miedo a las fuerzas federales, particularmente la militar, que es nuestra última reserva de institucionalidad armada y que puede ejercer la violencia en forma legítima en nombre del Estado para preservar nuestra seguridad”, dice Tirado.
Astorga y Tirado alertan que este “desafío al gobierno federal y particularmente al Ejército” es el reflejo del paramilitarismo en el campo del tráfico de drogas; esto es, del uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la captación de personal con preparación militar o paramilitar como brazo armado del crimen organizado.
Por tanto, “el gobierno de Calderón debe hacer una nueva valoración de los resultados y rectificar hacia dónde se debe dirigir la lucha, sin poner en riesgo al Ejército Mexicano”, dice Tirado.
La acción en la que murieron los militares –reconocidos como “héroes” por Calderón– es el más severo revés que sufre el Ejército Mexicano desde que fue colocado por el nuevo gobierno a la cabeza de la lucha antinarcóticos.
Las bajas ocurren a casi cinco meses del 11 de diciembre, cuando el gabinete de seguridad nacional de Calderón anunció la Operación Conjunta Michoacán, con un despliegue de más de 5 mil miembros de las fuerzas federales para buscar la “recuperación de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado; recuperación que acabará con la impunidad de los delincuentes que ponen en riesgo la salud de nuestros hijos y la tranquilidad de nuestras comunidades”, según dijo el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
Tres semanas después, el 3 de enero, Felipe Calderón, inusualmente vestido con casaca militar de combate, acudió a las instalaciones de la 43 zona militar en Apatzingán, Michoacán, para hacer un reconocimiento a los soldados y marinos por su labor y pedirles que continuaran con el esfuerzo.
En entrevista, Erubiel Tirado advierte que “no han pasado los primeros seis meses del gobierno y en términos generales los operativos no han detenido la violencia ni las ejecuciones, ni mucho menos se percibe una incidencia a la baja de la criminalidad asociada a las actividades del narcotráfico y el crimen organizado”.
Peor aún, dice, las organizaciones del narcotráfico ha intensificado su respuesta violenta contra las fuerzas de seguridad, ahora particularmente contra el Ejército, y eso es muy peligroso porque coloca en una posición de vulnerabilidad a las Fuerzas Armadas ante la crítica ciudadana, sobre el eventual futuro fracaso que pudiera tener.
“¿Qué podemos esperar? Que haya un escalamiento de esta situación, si bien hasta ahora no hay un patrón de desbordamiento o como parte de una estrategia de ataque, pero se empiezan a ver medidas desesperadas”, concluye Tirado.
Por su parte, Calderón aseguró que “México es más fuerte que cualquier enemigo”, y lamentó la pérdida de “valiosos soldados” que velaban por la seguridad de los mexicanos. El titular de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo que “no podemos perder esta guerra, ni siquiera pensar en el fracaso”.
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