Buena entrevista al General Gallardo publicada en
Por Esto de Yucatán
Lo que el general Gallardo expresa en la entrevista: la supremacía militar sobre el poder civil, lo expuso a principios de mes, ante un panel de sinodales que lo examinaron para obtener el Doctorado en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
* Felipe Calderón “gobierna las Entidades Federativas a través de los comandantes de las 42 Zonas Militares y las 12 Regiones Militares. NO a través de los gobernadores. Y en un momento de conflicto que pudiera estallar en algún Estado, NO se apoyará en las autoridades civiles, sino en los comandantes de región y zona”, advierte el general José Francisco Gallardo
MEXICO, D.F., 29 de julio (LA JORNADA).- Felipe Calderón, afirma el general José Francisco Gallardo, “gobierna las Entidades Federativas a través de los comandantes de las 42 Zonas Militares y las 12 Regiones Militares. No a través de los gobernadores. Y en un momento de conflicto que pudiera estallar en algún Estado,… no se apoyará en las autoridades civiles, sino en los comandantes de región y zona”.
Esta condición de supremacía militar sobre el poder civil, que empezó a perfilarse durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y terminó por concretarse con Vicente Fox, ha regresado al país a la condición de militarización que prevalecía en el México de principios del siglo pasado. Fue la naturaleza deliberativa del Ejército la que permitió que, 10 horas antes de lo previsto por la constitución para la transmisión de mandos, se concretara en las sombras de la noche y en una ceremonia marcial, la entrega de la banda presidencial al ejército, la víspera del primero de diciembre del año pasado.
“Esa fue, subraya el general Gallardo, una inequívoca señal de la intervención del Ejército en la política nacional.
“Hoy doctor en Administración Pública, el general se pregunta: “¿Qué hubiera pasado si Calderón no hubiera tenido el apoyo del Ejército en ese momento? Hubiera aceptado la apertura de las urnas; se hubiera visto obligado a negociar con grupos sociales, entre dos actores políticos que se estaban disputando una posición. Eso hubiera sido lo más sano. ¿Qué hubiera pasado si se llega a contar voto por voto, y a la postre queda Calderón como presidente?, hoy tendría la fuerza y la legitimidad que no tiene. Condición que lo obliga a apoyarse en el Ejército”.
Lo que el general Gallardo expresa en una entrevista, palabras más, palabras menos, lo expuso a principios de mes, ante un panel de sinodales que lo examinaron para obtener el Doctorado en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su tesis, Ejército y Sociedad en México, Reforma de las Fuerzas Armadas, un texto de mas de mil páginas, desmenuza el proceso que llevó a que en esta primera década del siglo XXI, la relación cívico militar en el país se encuentre, “si bien en otro contexto y circunstancias, en el México militarizado de principios del siglo XX”.
Gallardo cayó preso en noviembre de 1993, a raíz de la publicación -en la revista Forum- de un extracto de su tesis de maestría que se titulaba Las necesidades de un ombudsman militar en México. Por un delito de conciencia y opinión, pasó ocho años en la cárcel, dos más que el general Acosta Chaparro, acusado de narcotráfico y responsable de cientos de desapariciones durante los años de la contrainsurgencia en Guerrero.
A sus 60 años, el general disidente se mantiene firme en su demanda de ser reintegrado a la Fuerza Armada y de que el Ejército le restituya todos sus derechos conforme a su rango en la Fuerza Armada, incluido el pago de 13 años de salarios que le fueron suspendidos cuando fue detenido. Ninguna disposición del alto mando le ha hecho desistir de sentirse un general. Ni de persistir en su objetivo último: abrir brecha para que, algún día, el ejército sea sometido a reformas de fondo que lo conviertan en una institución propia de un Estado moderno y democrático.
Ese es el eje de su tesis de doctorado, aprobada por unanimidad por sus sinodales: Lorenzo Meyer, Ana Esther Ceceña, Miguel Concha, Gilberto López y Rivas, Raúl Olmedo y Francisco Patiño.
- “Sostiene usted que el Estado permite la participación del Ejército en política?
- Sí. Es -y no debería serlo- un Ejército deliberativo. La prueba más reciente fue la entrega de la banda presidencial a un militar la noche previa al primero de diciembre en Los Pinos.
- ¿Cuál es su interpretación de ese momento?
- Fue una ceremonia preventiva por si Felipe Calderón no lograba tomar posesión en el Palacio Legislativo.
En ese momento se reafirmó lo que siempre se ha visto en México: la participación del Ejército en los asuntos políticos a través de una relación cívico-militar viciada de origen. Hay estudiosos que dicen esto fue lo que vacunó a México contra los golpes de Estado.Pero en un Estado democrático el Ejército debería estar subordinado a un poder civil que se anida en el ejecutivo y en el legislativo.
- ¿Puede expirar esa vacuna, darse una circunstancia en la que se rompa este equilibrio y los militares empiecen a ejercer el poder de manera más directa?
- Estamos en los albores de llegar a un estado de guarnición, en donde el Ejército está en permanente confrontación con la sociedad civil y la tiene permanentemente bajo el miedo.Eso ocurre ya, cotidianamente, en el sur y la zona fronteriza. Por eso digo que Calderón gobierna en los Estados a través de los comandantes.
- ¿Cómo quedan los Gobernadores de los Estados ante esta situación?
- Se reduce su autoridad. La presencia del Ejército en asuntos que no son de su competencia desplaza las facultades constitucionales de la autoridad civil federal, estatal y municipal, contra lo que previene el artículo 21 de la constitución.
Por eso yo planteo que como parte fundamental de una reforma militar, está la necesidad de quitarle facultades al secretario de Defensa.
- ¿Qué otras reformas se requieren, en su opinión?
- Propongo reformas en las que las funciones del Ejército irían encaminadas a dos principales; a la defensa exterior del país que la SEDENA lo tiene contemplado en el Plan DN I, y que es una responsabilidad directa del alto mando militar y que se materializa en la política militar del estado; la segunda, reforzar el Plan DN III, porque no hay ninguna institución del estado que pueda acudir en caso de desastre en tiempo, despliegue y capacidad de operación que abarca todo el territorio nacional.
También planteo anular el Plan DN II, porque actualmente el Ejército Mexicano despliega su operación, capacitación, adiestramiento, equipamiento en este plan que tiene por objeto controlar el asunto del orden interno, en el que el ejército ubica a su enemigo dentro de las fronteras.
Los ejércitos no son creados para combatir al enemigo interno. Los asuntos de orden interno le corresponden a la autoridad administrativa, o sea, la policía.
Hay otro plan sin número, que es el plan de defensa nacional antinarcóticos, que se subsume al Plan DN II y cae en funciones de carácter policiaco. Aquí lo que se tiene que hacer es formar una policía nacional que cumpla con esa función que no es de competencia del Ejército. Ahora bien, el ejército mexicano tiene una función de carácter político, porque tiene como misión tutelar la soberanía y la independencia del país. Ninguna otra institución del Estado la tiene. Es el soporte del orden institucional, jurídico.
Para cumplir con esta misión política, el 129 le dice que no puede salir de sus cuarteles y debe desempeñar cualquier actividad que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Actualmente no tenemos un ejército que nos pueda defender de una agresión del exterior, no tiene la capacidad.
- Pero tampoco hay una amenaza del exterior.
- Cierto, pero el desmantelamiento de la capacidad defensiva fue impuesta desde el Pentágono a través del ASPAN y el Comando Norte, en donde la intención del Pentágono es transformar los ejércitos latinoamericanos en fuerzas latinoamericanas de ocupación o involucrarlos en el combate al narcotráfico o en los asuntos de seguridad pública. Esto tiene una intención velada porque lo que está haciendo el Pentágono y el Congreso lo acepta, es debilitar el poder militar del Estado mexicano.
- ¿Porqué necesitaría México un Ejército fuerte?
- Hoy necesitamos revisar qué tipo de Ejército necesita México. Yo creo que el ejército que hay no es adecuado a nuestras necesidades.
Es un Ejército pesado que no puede responder a los reclamos sociales ni defendernos de una amenaza exterior. Efectivamente no existe esta amenaza pero nos estamos encaminando a que en un momento dado provoquemos que Estados Unidos participe con sus tropas en territorio nacional. Estamos viendo en los medios de comunicación que el ejército puede ser vencido en la lucha contra el narcotráfico. En un momento dado el Pentágono puede decir que ante esa incapacidad ellos tienen que entrar.
- ¿Cuál sería el Ejército que México necesita?
- Un Ejército ligero, con cuerpos especiales de gran movilidad. ¿Para qué tener un ejército de 300 mil individuos con una cúpula militar de 300 generales?, Creo que el Ejército mexicano es uno de los que tienen más cúpula que base en el mundo.
- ¿Aceptaría el Ejército una reforma así?
- Lo tendría que aceptar e incluso debe participar en el debate y la definición.
- Nunca se menciona la palabra depuración cuando se habla de reformar al Ejército.
- No, se habla de reacomodo entre los mandos.
La activa participación de militares en la política actualmente, se da mucho más en los servicios de inteligencia del Estado y seguridad pública. Si un militar desea desempeñar un puesto militar debe pedir una licencia a la SEDENA pero queda comisionado al Estado Mayor Presidencial.
De ese modo se tiene permeada toda la estructura de la administración pública y paraestatal. La SEDENA nombra a por cada Zona Militar quienes los van a representar en el Congreso. El Ejército canalizaba hasta hace poco su acción política a través del PRI.
Debe haber una depuración retirando varios generales, acortando las edades de retiro (ahora un general se retira a los 65 años), dar de baja a los militares que hayan participado en violación de derechos humanos. Actualmente los perdonan a todos. Lo vimos con lo de Acosta Chaparro.
- ¿No es todavía mayoritaria la generación que, como Acosta Chaparro, participó en la guerra sucia?, ¿No es, para ellos, un héroe?
- Sí, por un error de visión del espíritu de cuerpo del Ejército. Debería estar sustentado en los principios y valores democráticos ni corporativos.
- ¿Tuvo algo que ver la relación de privilegio que le ha dado Felipe Calderón al Ejército con la exoneración de Acosta Chaparro?
- Claro, porque para Calderón es necesario alejar toda crítica, todo cuestionamiento del Ejército. Uno de los principales requisitos para tener un control civil objetivo sobre las fuerzas armadas, es que los representantes sociales y de los poderes lleguen legítima y lícitamente al poder a través de las urnas. Si llegan débiles, lógico es que se apoyen en el Ejército.
